Sí, la fecha no es lo importante a estas alturas. Aunque parezca contradictorio, a las partes no les interesa tanto cuándo será el Censo, sino el coste político producto de sus estrategias improvisadas. Toda decisión tiene un costo y acá tenemos a actores que se aventuraron a enfrentarse en un conflicto sin tener una estrategia clara si iban a lograr lo que se propusieron y hoy están a las puertas de pagar esa apuesta.

Tuvimos que remontarnos hasta el 12 de julio para recordar que todo este conflicto comenzó cuando a través del Consejo Nacional de Autonomías se decidió postergar el Censo hasta 2024, la justificación: problemas logísticos producto de la pandemia. Acuerdo que el Gobierno terminó cerrando con un decreto, pero su argumentación se vino debilitando. Hoy la estrategia tuvo que mudar a un decreto más flexible donde el mismo Ejecutivo se ha puesto la soga del compromiso al cuello para tener resultados ese año y una asignación de recursos.

La oposición al decreto se centró en Santa Cruz y su dirigencia acentuó un discurso de protesta con enfoque regionalista, donde los más perjudicados por el retraso del Censo eran ellos, al verse limitados en cuanto a recursos y a escaños hasta por lo menos 2030. El apelar al elemento identitario fue uno de los ingredientes que animó a la población a parar más de 20 días con la promesa que lograrían que el Censo fuera en 2023, fracaso que hoy se maquilla de victoria argumentando que lo que se buscaba era la aplicación de los resultados antes de las elecciones 2025 y que se los había conseguido.

Hoy parece que nos encontramos frente a dos adversarios cansados, la fuerza aplicada a sus estrategias no alcanzó para lograr lo que se propusieron porque fueron improvisadas. El oficialismo a partir de ahora comienza una pelea abierta de cara a las primarias para 2025 dentro del partido, el enemigo ya no está en la acera del frente, sino que camina junto a la gestión del presidente Arce. Por el otro lado, tenemos a una población cruceña a la que se ha provocado y ha generado la expectativa que la solución a una demanda histórica de autogestión puede encontrarla en el federalismo, sin la responsabilidad del consenso con el resto del país y en un corto plazo, para ello necesitan de una dirigencia que pueda hacer realidad aquello, pero que goce de confianza y tenga la capacidad de capitalizar la movilización que se viene viendo desde 2019.

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El costo de la afrenta ha sido muy alta para los actores políticos, pero el conflicto por el Censo ha abierto un nuevo escenario donde los discursos van a reconfigurarse. Por un lado, se hablará de traidores y leales en el oficialismo, se hablará de tibios, tímidos y traidores en una oposición que busca su reconfiguración a nivel nacional y no encuentra norte, y en Santa Cruz comenzará la búsqueda de esa dirigencia que tenga el valor o la habilidad de hacer posible una demanda histórica cruceña.

Ahora lo vemos, la fecha del Censo era lo menos importante.

Mario Vega Yáñez es politólogo y docente de la UMSA