Al contrario de lo que muchos piensan, Bolivia no es el único país que realiza elecciones para escoger a miembros del órgano judicial. Tenemos al menos cinco países que tienen un procedimiento, al menos similar.
En Estados Unidos, si bien las cortes federales están compuestas por funcionarios elegidos por el presidente, algunos estados optan por el voto popular para escoger a sus jueces; en las Islas Marianas del Norte, los jueces deben optar por su renovación a través del voto popular; en Japón, si bien los jueces de la Corte Suprema son elegidos por el parlamento, deben ser sometidos a votación cada diez años para que se valide su cargo por más años; en Suiza, los jueces de cantones, que deben estar afiliados a un partido político como requisito de acceso al cargo, también son votados por los ciudadanos; por último, el caso más reciente es el de México, que luego de promulgar una reforma judicial en 2024, debe encarar un proceso eleccionario para escoger a los miembros del Poder Judicial de la Federación.
Los asambleístas que redactaron la Constitución Política del Estado en Bolivia y que entró en vigencia el año 2009, a través de esta iniciativa, perseguían dos fines principalmente: dar representatividad y credibilidad a los miembros del órgano judicial y garantizar la probidad de los funcionarios electos, dejando en manos del ciudadano esta labor. Los dos fines tienen un elemento en común, la confianza.
Hubo dos elecciones judiciales en Bolivia, la primera el año 2011 y la segunda el año 2017. Tomemos como ejemplo la elección de miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. El 2011, de 4.176.549 votantes, un 57,9% sumaron votos nulos y blancos. En cambio, para el año 2017, esta cifra se incrementó, ya que, de 5.422.556 votos, los nulos y blancos sumaron el 65,9% del total. Es decir, que los miembros del TCP, como de otros tribunales, no logran la representatividad esperada con este proceso, esto debido principalmente a dos factores: la poca información y una campaña inútil de la oposición por querer desprestigiar el proceso, que provocó dejar en manos del oficialismo el control del órgano judicial.
La representatividad deja números aún más bajos cuando entramos al detalle de los candidatos. El 2011, un candidato de apellido Bacarreza logra ser magistrado del TCP con poco más de 43.000 votos, el 2,45% de los votos válidos; y en 2017 una candidata de apellido Cortéz ingresa al TCP con apenas 5.000 votos (0,1% de los votos válidos).
Ante un claro escenario de crisis judicial, que se expresa en la instrumentalización de la justicia boliviana, no podemos poner las manos al fuego por la probidad individual de los funcionarios que han sido electos, hay un sistema que no descansa sobre el estado de derecho, sino en el cálculo político de los magistrados para poder ser reelectos o beneficiarse del sistema.
Si los principios que persigue el proceso de elecciones judiciales en Bolivia son nobles, entonces algo está fallando en el proceso que debemos replantearlo. Tanto la representatividad como la probidad descansan sobre la confianza. No puede existir confianza si no permites al candidato pronunciarse y dar un mensaje que vaya a persuadir a las personas a votar por él o ella, no puede existir confianza si nadie te conoce y a la vez te prohíben darte a conocer, no puede existir confianza si un candidato no puede acercarse a la gente que le va a votar.
Ante ese vacío, otros elementos van a guiar la votación del ciudadano en las próximas elecciones que están alejadas totalmente del fin que persigue el proceso en sí. Una vez más, la gente no va a votar por el candidato más honesto o capaz, porque principalmente no lo conoce. Dejará que su voto lo guíe su afinidad o rechazo político partidario, si pertenece o perteneció a tal o cual partido. Terminaremos teniendo magistrados por descarte, haciendo funcionarios por 6 años a gente que llegó ahí porque la campaña de desprestigio a los otros fue mayor, y no por un principio de capacidad y honradez, que en teoría debía primar para emitir nuestro voto.